El expresidente peruano Alberto Fujimori se acogerá a prescripción de delitos de lesa humanidad si se aprueba en segunda votación en el Congreso un controvertido proyecto de ley, reveló este viernes su abogado Elio Riera, citado por medios locales.
“Definitivamente, si esta ley se aprueba, tendremos que solicitar la aplicación, porque la ley es de obligatorio cumplimiento. No queda otra alternativa para la sala o el juzgado que el cumplimiento de la ley”, explicó el letrado.
Asimismo, indicó que en el caso Pativilca el equipo defensor del exmandatario ha presentado una excepción de prescripción porque considera que el delito que se le imputa es nulo. Detalló que en el momento de la imputación como tal de los presuntos hechos —que la defensa niega categóricamente— no eran o no constituían delito de lesa humanidad. l partido fujimorista Fuerza Popular (FP) impulsa un proyecto de ley que “precisa los alcances” del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación y busca beneficiar a sentenciados por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra cometidos antes del 2002, para que se declaren nulas sus condenas.
“Las leyes no son retroactivas. Aquí se ha venido aplicando de manera ilegal y prevaricadora de parte de jueces y fiscales el criterio de lesa humanidad para militares y policías que combatieron y derrotaron al terrorismo en los 80 y los 90”, declaró Fernando Rospigliosi, legislador de FP, asegurando que, de acuerdo con la legislación peruana, “esos supuestos delitos” de violaciones a los derechos humanos “ya han prescrito porque los delitos prescriben a los 20 años”.
Fujimori, que fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad por los casos La Cantuta y Barrios Altos, fue liberado el pasado 6 de diciembre por orden del Tribunal Constitucional en virtud de un indulto que se le concedió debido a su delicado estado de salud.
A pesar de que actualmente Fujimori goza de plena libertad, los casos contra él no han cesado. A la par afronta un juicio oral por lo sucedido en la ciudad de Pativilca en 1992, cuando seis campesinos fueron secuestrados, torturados y asesinados.
Los autores materiales fueron integrantes del Grupo Colina, una fuerza de élite militar erigida durante el mandato de Fujimori (1990-2000) y su otrora mano derecha, Vladimiro Montesinos, exdirector del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
