No hay pruebas de que el Ejército haya participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las imputaciones en su contra se deben a “una venganza” de intereses extranjeros. Los que acusan a los militares son “sectarios” y quieren hacer creer que el Gobierno protege violaciones a los derechos humanos.
Estos son algunos de los argumentos con los que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador defendió de manera incondicional al Ejército en un documento que ya provocó una fuerte polémica y que se dio a conocer a dos meses de que se cumpla el décimo aniversario de una de las causas por desaparición masiva que más ha conmocionado a este país y que ha tenido mayor repercusión internacional.
El pasado fin de semana, el diario La Jornada publicó la carta y el informe de 21 puntos que López Obrador les entregó a los familiares. Se trata del primer reporte directo de un presidente que, cuando asumió en diciembre de 2018, se comprometió a resolver la investigación y a encontrar a los jóvenes.
Pero su Gobierno terminará el próximo 1 de octubre y la investigación está empantanada precisamente porque el Ejército se niega a entregar todos los archivos que tiene sobre Ayotzinapa.
Así lo han denunciado desde el año pasado los familiares, los colectivos de derechos humanos que los apoyan y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El debate sobre el reporte de López Obrador fue inmediato y se ha replicado a diario con críticas al mandatario por defender de manera tan tajante al Ejército a pesar de que las investigaciones independientes señalan que, contrario a sus órdenes, los jefes militares no han entregado por lo menos 800 folios sobre Ayotzinapa.
