La carretera México-Puebla, uno de los principales ejes de transporte en México, ha estado parcialmente bloqueada durante más de 50 horas, generando no solo inconvenientes para miles de pasajeros, sino también pérdidas económicas millonarias. Este corredor es vital para conectar la Ciudad de México con el centro industrial de Puebla, facilitando el transporte de mercancías y servicios, así como el comercio entre ambas regiones, lo que impulsa significativamente la economía local y nacional.
El bloqueo comenzó el pasado lunes 5 de agosto, cuando habitantes de la comunidad de Santa Rita Tlahuapan se desplegaron en el kilómetro 70 de la carretera, exigiendo el pago de terrenos expropiados hace 60 años para la ampliación de la vialidad, por los cuales alegan no haber sido adecuadamente compensados.
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia matutina del martes 6 de agosto que el gobierno estaba al tanto de la situación y que un abogado estaba asesorando a los ejidatarios para exigir más dinero del que les correspondía, el bloqueo continuó, afectando gravemente a transportistas y ciudadanos. López Obrador adelantó que se buscaría llegar a un acuerdo y realizar el avalúo correspondiente para pagar lo justo a los afectados.
El jueves 8 de agosto, se logró un acuerdo preliminar que permitió la apertura de un carril en ambos sentidos por un lapso de dos horas, con la promesa de reanudar el bloqueo posteriormente. Sin embargo, más tarde se decidió liberar de manera permanente dicho carril, aunque el plantón continuaría en la zona.
El presidente López Obrador, en su conferencia del viernes 9 de agosto, aseguró que se respetaría el acuerdo alcanzado con los ejidatarios y que no habría más bloqueos como los registrados previamente. Además, reiteró que el gobierno reconocería el daño causado a los campesinos hace décadas, comprometiéndose a pagar lo justo por los terrenos expropiados.
