La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este jueves sobre las posibles adversidades que navegará la justicia mexicana, luego de que se aprobó en el Congreso de la Unión la reforma al Poder Judicial.
De acuerdo con un comunicado de la CIDH, esta reforma judicial causaría posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.
La CIDH reconoció la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial en México y afirmó que viene dando seguimiento cercano al proceso legislativo sobre la reforma judicial, la cual fue remitida por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el 5 de febrero y aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre y, posteriormente, por el Senado de la República el 11 de septiembre. Ello ocurre en el marco de un paquete de reformas constitucionales que actualmente se discuten en el Poder Legislativo de manera simultánea.
Asimismo la CIDH señala que ha recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho.
Según la información disponible, la reforma incluye el cese de autoridades judiciales mexicanas a ser ejecutado en fases entre 2025 y 2027 para dar paso a una elección popular de todas las personas juezas, magistradas y ministras del país. Asimismo, se llamó la atención de la CIDH respecto a que lo precipitado de las profundas modificaciones podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial.
Las críticas también señalan que no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país.
También la Comisión Interamericana comparte que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, tal como lo ha resaltado en los informes anuales de los últimos lustros. Sin embargo, una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo y que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana.
Ello, con el fin de que los cambios que se adopten fortalezcan el respeto y garantía de los derechos humanos.
