El último reporte del Índice de Estado de Derecho 2024, presentado por el World Justice Project (WJP), ha dejado a México en una situación alarmante. De 142 países evaluados, el país ocupa el puesto 118, con una puntuación de 0.41 en una escala del 0 al 1. Este retroceso no es menor: representa una caída del 0.6% respecto al año pasado y un desplome del 8.6% en los últimos cinco años, lo que evidencia un deterioro progresivo en aspectos clave del Estado de Derecho.
Uno de los aspectos más críticos es el índice de “Ausencia de Corrupción”, donde México ocupa la posición 135, una realidad que se contradice con las promesas de la pasada administración de erradicar este problema. La corrupción sigue profundamente arraigada, afectando la credibilidad de las instituciones y el bienestar de los ciudadanos.
En el rubro de “Orden y Seguridad”, México se sitúa en el lugar 133, reflejando el alto nivel de violencia y la influencia del crimen organizado en diversas regiones del país. La persistente inseguridad ha mantenido a comunidades enteras bajo constante amenaza, lo cual refuerza la percepción de un Estado incapaz de proteger a su población.
El área de “Justicia Penal” es otro factor preocupante; México ocupa el lugar 130, lo que refleja un sistema judicial debilitado e ineficiente. Las fuerzas policiales, los ministerios públicos y los jueces enfrentan problemas de corrupción e ineptitud, lo cual limita la capacidad del sistema de justicia para procesar a los delincuentes y proteger a las víctimas.
El único rubro positivo para el país fue el de “Gobierno Abierto”, donde México se ubica en el lugar 47, destacando en transparencia y acceso a la información. Sin embargo, la posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (Inai) podría debilitar este avance y reducir el acceso a información crítica.
Este reporte no es sólo un indicador, sino una advertencia sobre el retroceso del Estado de Derecho en México. La promesa de cambio del actual gobierno no se ha visto reflejada en estos resultados. Es imperativo que se implementen acciones concretas para combatir la corrupción, mejorar la seguridad y fortalecer las instituciones de justicia. Sin estas medidas, el riesgo es que México continúe su descenso en el índice del WJP, acercándose a posiciones que actualmente ocupan países en crisis institucional como Venezuela o Afganistán.
