El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció su intención de renegociar la deuda de siete mil millones de pesos que dejó como herencia la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle. Esta deuda deriva de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), un esquema de inversión a largo plazo que permite a entidades públicas colaborar con el sector privado en infraestructura y servicios, bajo la Ley de Asociaciones Público Privadas. Aunque estos proyectos deben demostrar beneficios sociales y ventajas frente a otros métodos de financiamiento, su implementación en Puebla ha generado críticas debido a su alto costo.
Ejemplos emblemáticos de PPS en el estado incluyen el Museo Internacional del Barroco, el Centro Integral de Servicios (CIS) y las plataformas de Audi, cuya construcción fue posible gracias a estos contratos con empresas privadas. Sin embargo, la magnitud de la deuda ha encendido el debate sobre la equidad y transparencia de estos proyectos, que algunos consideran como beneficiosos principalmente para un grupo reducido de empresas y no para la ciudadanía en general.
Armenta Mier ha expresado su compromiso de ajustar este modelo, asegurando que su administración revisará la fórmula para que futuros proyectos de inversión sean más transparentes y distribuyan los beneficios de manera equitativa, sin cargar costos desproporcionados al estado. Su enfoque plantea un cambio estructural en la administración de recursos públicos, orientado a evitar que el endeudamiento de proyectos de infraestructura afecte la economía de los poblanos y priorizando un uso más justo y efectivo de los fondos estatales.
