En un intento por controlar los flujos migratorios hacia Estados Unidos, el Gobierno mexicano ha intensificado su estrategia de disolver caravanas migrantes mediante el traslado de personas a diversos puntos del país. Esta semana, autobuses con cientos de migrantes llegaron a Michoacán y Guerrero, lejos de su objetivo inicial de llegar a la Ciudad de México y, posteriormente, a la frontera norte.
Traslados Voluntarios y Visas Humanitarias
Cerca de 200 a 300 migrantes son transportados diariamente en autobuses ofrecidos por el Instituto Nacional de Migración (INM). A cambio, se les promete una visa humanitaria que les permita transitar por México. Sin embargo, las organizaciones civiles denuncian que esta política, lejos de ser un apoyo, funciona como una medida para desgastar física y emocionalmente a los migrantes, dificultando su camino hacia Estados Unidos.
El enfoque del Gobierno mexicano responde a la presión de Estados Unidos, cuyo Gobierno ha subrayado la importancia de frenar el tránsito de migrantes. Durante el mandato de López Obrador y ahora bajo Claudia Sheinbaum, la estrategia ha mantenido un carácter restrictivo. “No es una solución estructural, sino una medida reactiva que incrementa el riesgo para los migrantes”, señala Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante.
A pesar de la disponibilidad de una aplicación, CBP One, para solicitar asilo en Estados Unidos, los tiempos de espera se han prolongado hasta ocho meses. Esto, sumado a la amenaza del crimen organizado, ha empujado a muchos a continuar su camino de manera independiente, exponiéndose a mayores riesgos.
Casos recientes, como el de un grupo trasladado desde Tuxtla Gutiérrez y abandonado en Mérida, reflejan las deficiencias en la implementación de estas políticas. Los migrantes, enfrentados a promesas incumplidas y condiciones adversas, ven cada vez más limitada su posibilidad de llegar a la frontera norte.
Mientras tanto, las cifras de ingreso irregular a México se han disparado: más de 925,000 personas cruzaron la frontera sur entre enero y agosto, duplicando las cifras del año anterior. La estrategia gubernamental, criticada como insuficiente y punitiva, sigue generando debate sobre su efectividad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
