Este viernes 29 de noviembre, durante el parlamento abierto organizado por la Cámara de Diputados para analizar los planes de desarrollo económico 2025, especialistas en economía y desarrollo lanzaron un llamado al gobierno federal para replantear el presupuesto destinado a los proyectos de trenes de pasajeros.
El presupuesto asignado a estas obras asciende a 157 mil millones de pesos, sin embargo, expertos han señalado la ausencia de análisis técnicos que garanticen los beneficios sociales, económicos y ambientales de este ambicioso proyecto.
Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), destacó que la inversión prevista para 2025 representa una reducción del 13% respecto al presupuesto de 2024. Esto podría afectar negativamente la competitividad de México y, por ende, la calidad de vida de la población. Además, Díaz instó a los legisladores a priorizar proyectos con un impacto tangible y sostenible en el desarrollo del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de tres rutas de trenes para 2025:
- Ciudad de México–Querétaro–Guadalajara.
- Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)–Pachuca.
- México–San Luis Potosí–Monterrey–Nuevo Laredo.
Estas rutas buscan fomentar la interconexión nacional, crear empleos y dinamizar la economía de las regiones incluidas en los trayectos. No obstante, los especialistas recalcaron que, si bien el objetivo es loable, carece de un respaldo técnico que valide su viabilidad y beneficios frente a los costos operativos, de mantenimiento y posibles impactos ambientales.
Los expertos exhortaron al gobierno y al Congreso a evaluar de manera integral los proyectos prioritarios para 2025, garantizando que representen una inversión efectiva para el desarrollo del país. En palabras de Díaz:
“Es crucial confirmar si los beneficios para la población serán mayores que los costos. La inversión debe priorizar proyectos que impulsen un desarrollo real, sostenible y equitativo para México.”
Este debate refuerza la necesidad de tomar decisiones fundamentadas en evidencia técnica para optimizar los recursos públicos y garantizar su impacto positivo en el futuro de México.
