El lunes pasado, el anunciado paro del servicio de transporte público no fue suficiente para presionar a las autoridades a aceptar el aumento solicitado por los concesionarios. A pesar de la movilización, tanto las autoridades actuales como las entrantes se mantuvieron firmes en su decisión de rechazar la subida de tarifas.
El debate sobre el aumento se ha centrado en una serie de razones esgrimidas por los concesionarios, entre las cuales destacan: el aumento en los precios de los combustibles, el elevado costo de las refacciones y el mantenimiento de las unidades, el envejecimiento del parque vehicular que afecta la competitividad, los riesgos inherentes a la prestación del servicio, y las demandas de los trabajadores por mejores condiciones laborales. Estos factores, reconocidos por muchos, no han sido suficientes para justificar el incremento de la tarifa, especialmente ante el pésimo servicio que los ciudadanos sufren día con día.
La crítica a los concesionarios es clara: si el negocio del transporte público no es rentable, deberían considerar otras opciones en lugar de seguir explotando un sistema que no cumple con las expectativas de los usuarios. La realidad es que, a pesar de las dificultades mencionadas, el transporte público sigue siendo un negocio lucrativo, lo que lleva a muchos a cuestionar la postura de los concesionarios.
Las autoridades de Puebla, respaldadas por la opinión pública, han decidido no ceder ante la solicitud de aumento. Para los ciudadanos, la negativa representa una victoria, ya que son los principales afectados por las condiciones del servicio. El tema, sin duda, seguirá siendo un punto de discusión en los próximos días, mientras los involucrados buscan soluciones que garanticen un transporte público eficiente y accesible para todos.
