En conmemoración del Día de los Derechos Humanos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este 10 de diciembre dos decretos clave para los pueblos indígenas y afromexicanos, reforzando el compromiso del gobierno con la justicia social y el reconocimiento de sus derechos en la Constitución.
Durante su intervención en la conferencia matutina, Sheinbaum destacó que el primer decreto instruye la publicación de la traducción de la reforma constitucional que otorga derechos plenos a estas comunidades. Este cambio histórico reconoce formalmente a los 68 pueblos originarios como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El segundo decreto establece la creación de una Comisión Presidencial para supervisar los planes de justicia dirigidos a las comunidades indígenas. Este órgano tendrá como objetivo reparar los daños causados por proyectos extractivos y el abandono gubernamental hacia estas poblaciones.
La reforma constitucional, aprobada en septiembre, marca un hito al garantizar que los pueblos originarios sean consultados sobre proyectos que afecten su entorno, reforzando su derecho a la autodeterminación y participación activa en decisiones nacionales.
Actualmente, México es hogar de 23 millones de personas indígenas, de las cuales 7.4 millones hablan una lengua nativa, predominando el náhuatl, maya, tzetzal y zapoteco. Esta diversidad refleja el carácter multiétnico del país, ahora protegido bajo un marco legal más inclusivo.
Desde el inicio de los planes de justicia en 2019, 17 proyectos han beneficiado a 26 pueblos en 12 estados, con una inversión de 27,000 millones de pesos. El gobierno reafirma su compromiso de continuar trabajando por la igualdad y el desarrollo de estas comunidades, fortaleciendo el tejido social y cultural de México.