El proyecto de descentralización del Gobierno federal, anunciado en 2018 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, tenía como objetivo trasladar varias dependencias a diferentes estados del país. Sin embargo, varios de estos traslados no se concretaron, y muchos de los edificios destinados para las nuevas sedes permanecen en abandono o en condiciones precarias.
Uno de los casos más destacados es el de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuya sede, ubicada en Veracruz, fue destinada a la Torre de Pemex, un edificio histórico en el puerto de Veracruz. Esta estructura, construida en 1950 por el arquitecto Carlos Lazo Barreiro, fue originalmente sede del Banco de México y, posteriormente, de Pemex hasta su mudanza a Boca del Río en 2019. A pesar de que se iniciaron trabajos de remodelación en 2022, el traslado nunca se concretó debido a condiciones deficientes de la estructura y la falta de recursos. Como resultado, el edificio está en avanzado estado de deterioro, sin servicios y con varios daños visibles, como corrosión en la pintura y la ausencia de energía eléctrica. La sede permanece desocupada, y el personal regresó a Xalapa, donde continúan operando en las oficinas del Organismo Cuenca Golfo-Centro de la Conagua.
El caso de la Secretaría de Cultura es otro ejemplo. Aunque en 2019 se realizó el traslado a un edificio en Tlaxcala, conocido como el Palacio de Cultura, los trabajadores aún no reciben indicaciones claras sobre el futuro de la sede. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla también mantiene sus oficinas en funcionamiento, pero no se concretó la mudanza prometida durante el sexenio de López Obrador. En Sonora, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) recibió un espacio en Ciudad Obregón, pero este tampoco está siendo utilizado.
Entre las dependencias que no iniciaron su traslado, se encuentran el Infonavit, que se mudaría al Estado de México, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cuyo destino era San Luis Potosí. En ambos casos, los trámites necesarios nunca comenzaron.
Este incumplimiento del plan de descentralización, que contemplaba 100 compromisos, se atribuye en parte a la pandemia de Covid-19, que paralizó gran parte de las actividades en el país, y a los desafíos administrativos y financieros para llevar a cabo dichos traslados.
