La organización ambientalista Greenpeace lanzó una serie de cuestionamientos al Gobierno de México sobre los impactos ambientales y la sostenibilidad del Tren Maya, el megaproyecto emblemático del gobierno federal en el sureste del país. La inauguración oficial de los últimos tramos del Tren Maya, realizada este fin de semana por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reavivado las críticas de la ONG, que no dudó en plantear dudas sobre las afirmaciones de “protección ambiental” y “turismo sustentable” relacionadas con la obra.
En un comunicado, Greenpeace expresó su preocupación sobre cómo un proyecto que se promociona como protector del medio ambiente puede justificar la deforestación de más de 10 millones de árboles y la afectación de cerca de 7,000 hectáreas de territorio, un área equivalente a 9,500 campos de fútbol o 10 veces el tamaño del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. La organización subrayó que la creación de áreas protegidas no compensa el daño irreversible causado a ecosistemas únicos, los cuales, según expertos, han sido fragmentados irreparablemente.
En su discurso inaugural, Sheinbaum aseguró que el Tren Maya fue construido “mitigando sus impactos” al medio ambiente y que fomenta el “turismo sustentable”, mencionando la creación de nueve áreas naturales protegidas y siete áreas de protección que abarcan más de 1.3 millones de hectáreas. Sin embargo, Greenpeace cuestionó el concepto de “sustentabilidad” en un proyecto que, según la ONG, fomenta el turismo masivo y la sobreexplotación de la naturaleza. Además, advirtió sobre el desplazamiento de comunidades locales debido a la expansión inmobiliaria y los mega desarrollos turísticos asociados con el Tren Maya.
El impacto ambiental de la obra también fue otro punto crítico para Greenpeace, que señaló que la Selva Maya está siendo talada a una velocidad alarmante de 190 hectáreas diarias, con un aumento de los cambios de uso de suelo y la privatización de tierras. La organización también refirió que las comunidades indígenas, en su mayoría afectadas por el proyecto, han denunciado consultas irregulares, falta de consentimiento informado y afectaciones a sus territorios y formas de vida.
Otro de los cuestionamientos formulados por Greenpeace fue sobre el uso de recursos públicos. La ONG exigió una explicación sobre por qué más de la mitad de los recursos destinados a mitigar y adaptarnos al cambio climático fueron invertidos en el Tren Maya, un proyecto que, según críticos, parece no alinearse con los objetivos de sostenibilidad y justicia ambiental.
Finalmente, Greenpeace expresó su preocupación por la militarización de la región, tanto en la construcción como en la operación del Tren Maya, lo que ha restringido el acceso a la información pública bajo la justificación de “seguridad nacional”. La ONG advirtió que esta falta de transparencia plantea serias dudas sobre la rendición de cuentas y las posibles violaciones a los derechos humanos en las comunidades afectadas por la obra.
En conclusión, Greenpeace instó a un diálogo abierto entre las comunidades, la ciudadanía, los expertos y el gobierno para trabajar en la protección de la Selva Maya y garantizar que los proyectos de desarrollo no comprometan el patrimonio ambiental y cultural de México.
