La resolución del panel de solución de controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha colocado al maíz transgénico en el centro del debate político y económico en México. El fallo obliga al país a permitir la comercialización y siembra de este producto o enfrentar la imposición de aranceles severos a sus exportaciones a partir de febrero de 2025. Sin embargo, el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reafirmado su compromiso con la soberanía alimentaria y la protección de la biodiversidad agrícola.
Desde la frontera norte, Sheinbaum destacó que, pese al dictamen internacional, México buscará alternativas para mantener la prohibición del maíz transgénico, argumentando que esta medida es fundamental para preservar la biodiversidad del país y garantizar la seguridad alimentaria de su población. “Sin maíz no hay país”, afirmó, subrayando la importancia de las variedades nativas para la identidad cultural y el bienestar de los mexicanos.
Esta postura ha generado tensiones con Estados Unidos y Canadá, pero también ha abierto un espacio de reflexión en la sociedad mexicana sobre la viabilidad de la agricultura sustentable frente a las presiones comerciales internacionales. A medida que se acerca la fecha límite impuesta por el T-MEC, el gobierno mexicano prepara estrategias legislativas para defender su decisión, mientras enfrenta un complejo escenario político y económico a nivel global.
