El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Adán Augusto López Hernández, presentó una serie de medidas para combatir posibles casos de corrupción relacionados con contratos administrativos en la Cámara Alta. Estas acciones surgen en el contexto de un recorte presupuestal de 123 millones de pesos para 2025, lo que ha impulsado propuestas de austeridad y mayor transparencia.
López Hernández informó sobre la rescisión de contratos y la presentación de denuncias penales y administrativas ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Entre los casos señalados destacan los de Full Services de México, que cobraba 60 millones de pesos anuales por administrar el archivo histórico del Senado en una bodega en Hidalgo, y Grupo Piasa, que tenía un contrato de 90 millones de pesos para el mantenimiento de elevadores, algunos de los cuales ni siquiera fueron instalados.
El legislador adelantó que se revisarán otros servicios, como el Resguardo Parlamentario y el valet parking, para garantizar eficiencia y transparencia en la gestión administrativa.
En respuesta, Ricardo Monreal, quien presidió la Jucopo en el periodo anterior, rechazó las acusaciones, calificándolas como infundadas y de índole política. Monreal aseguró que los contratos durante su gestión fueron resultado de licitaciones públicas y que cuentan con auditorías que avalan su legalidad. Asimismo, defendió la existencia de un fideicomiso que garantiza los recursos del Senado y permite un manejo financiero estable.
El choque entre ambos legisladores pone en evidencia tensiones internas en Morena y el Senado, mientras ambos destacan la importancia de la transparencia pero difieren en los enfoques para enfrentar los retos presupuestales y administrativos.
