En Puebla, los dirigentes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental han sido amenazados por funcionarios del gobierno local con reactivar carpetas penales e incluso con su desaparición si no frenan las protestas contra la trasnacional Granjas Carroll. Las amenazas fueron recibidas antes de ser notificados de una denuncia penal interpuesta por la empresa porcícola, la más grande de América Latina, debido a las manifestaciones en su contra. Los activistas acusan a la compañía de contaminar los mantos freáticos y acaparar el agua.
Durante una conferencia de prensa en el zócalo de la ciudad, los líderes Renato Romero y Moisés Moratilla señalaron a Justino Cerezo Cerezo, coordinador de comisionados de la Dirección General de Gobierno; Osvaldo de la Rosa, delegado de la Secretaría de Gobernación estatal en la región Libres Oriental, y Celso Leal, presidente del Consejo de Cuenca Río Balsas, como los responsables de las amenazas. También acusaron a de la Rosa y Leal de exhibir a los participantes en las movilizaciones y difundir noticias o contenidos en redes sociales contra la criadora de cerdos propiedad de la estadounidense Smithfield.
El pasado fin de semana, al menos ocho personas, no todas integrantes del Movimiento en Defensa del Agua, fueron notificadas en sus domicilios por personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) con una invitación a una sesión de mediación respecto a un procedimiento alternativo como solución a una controversia penal. Romero y Moratilla advirtieron que esto es una amenaza y una forma de censura, criminalizándolos por pedir agua. Mostraron un citatorio para el 7 de agosto, donde se les conmina a someterse a un acuerdo reparatorio justo para evitar un proceso judicial.
Este requerimiento judicial se emitió después de que labriegos y ejidatarios de Puebla y Veracruz instalaron un plantón frente a las instalaciones de Granjas Carroll en el municipio de Oriental, reactivando las protestas a más de un mes de que dos campesinos fueron asesinados. Los hermanos Alberto y Jorge Cortina fueron ultimados el 20 de junio durante el desalojo violento de un plantón de opositores a la planta porcícola en Totalco, Veracruz. Los uniformados persiguieron a los inconformes hasta sus casas, resultando varios heridos.
La situación en Puebla refleja una preocupante tendencia de criminalización y represión de las protestas sociales. Las amenazas contra los líderes del Movimiento en Defensa del Agua y las denuncias penales interpuestas buscan silenciar las voces que denuncian la contaminación y el acaparamiento de recursos hídricos por parte de Granjas Carroll. Es imperativo que las autoridades garanticen la seguridad de los activistas y aseguren un proceso transparente y justo para resolver estas controversias, evitando la escalada de violencia y represión.
