No serán las acusaciones por genocidio, ni el escándalo por los relojes de lujo o el escándalo de corrupción de su hermano, prófugo de la justicia. No. El cargo de la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, vuelve a estar al filo de la vacancia por un asunto estético: una rinoplastia que no notificó.
Esta semana, el exprimer ministro peruano Alberto Otárola confirmó que la mandataria se sometió a una cirugía estética en la nariz sin notificarla al Congreso de la República, como corresponde según la Constitución.
Aunque Otálora aseguró que Boluarte “no estuvo desatendiendo las labores que le competían al cargo” y permaneció en contacto permanente durante su reposo, la cuestión ha desatado un vendaval político porque, a grandes rasgos, se afirma que la ausencia contraviene la Carta Magna y habría implicado un ‘vacío de poder’.
En medios locales, la noticia ha provocado pronunciamientos en el ámbito legal. Abogados constitucionalistas, como Luciano López, consideran que Otálora “ha ido a confesar” la comisión de un delito en el Congreso, refiere RPP.
En su criterio, la presidenta decidió “no informarle a nadie” sobre su cirugía estética, pasando por alto el procedimiento constitucional que, en esos casos, implica solicitar ante el Parlamento la figura de la “suspensión temporal”.
“Para decirlo en términos sencillos: es una licencia. La suspensión temporal no es una sanción, pero obliga a que el presidente de la República tenga que informarle al Parlamento“, aclaró el jurista, quien mostró su desacuerdo con las posturas que pretenden restablecerle fuelle a lo que sucedió con la mandataria.
En medio de las críticas han salido voces aliadas a la presidenta, como la de su abogado Ernesto Blume, quien calificó de “nimiedad” lo ocurrido. “Lo acontecido no incapacitaba a la presidente (sic) para el ejercicio el cargo, sino que se trataba simplemente de una intervención frecuente en las personas, dentro de su actividad cotidiana, que no impidió que continuara en el ejercicio de su función”, dijo el defensor en una entrevista.
Para López, no es la presidenta o su entorno los que deben determinar si el asunto es menor: “Es una competencia del Parlamento. El Parlamento definirá si es una nimiedad o no“, apuntó.
