El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social (STPS), anunció la resolución exitosa del caso sobre presuntas violaciones a los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa Odisa Concrete Equipment, ubicada en Tula, Hidalgo. El caso fue resuelto gracias al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Tras una investigación que se llevó a cabo en un plazo de 45 días, México y Estados Unidos determinaron que los hechos reportados en la solicitud de revisión quedaron solventados. Según el comunicado oficial, las condiciones laborales en Odisa han mejorado significativamente, permitiendo a las personas trabajadoras ejercer plenamente sus derechos laborales.
Hallazgos de la investigación
Entre las conclusiones de la STPS compartidas con Estados Unidos el 6 de diciembre de 2024, destacan:
- Injerencia patronal en asuntos sindicales: Se identificaron casos donde personal de confianza de Odisa proporcionó información falsa sobre la existencia de un sindicato y realizó comentarios sobre las implicaciones de una huelga.
- Contrato colectivo no registrado: Se confirmó que la empresa firmó una revisión salarial del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con un sindicato sin contar con la Constancia de Representatividad, y dicha revisión no fue registrada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
- Descuentos indebidos: Odisa realizó deducciones salariales bajo el concepto de “Cuota Sindical” a pesar de que el CCT no había sido legitimado.
- Despidos relacionados con actividades sindicales: Se identificaron indicios de que uno de los despidos reportados estuvo motivado por actividades sindicales.
Acciones de reparación
Durante la investigación, Odisa, en coordinación con la STPS, implementó medidas para garantizar el respeto a los derechos laborales y corrigió irregularidades detectadas. Además, el 29 de noviembre de 2024, el nuevo CCT firmado con la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) fue aprobado por casi el 60% de las personas trabajadoras mediante voto libre, secreto y directo, con la supervisión del CFCRL.
Con este caso, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la protección de los derechos laborales, consolidando los avances alcanzados bajo el marco del T-MEC.
