La Suprema Corte de Justicia de México se prepara para declarar parcialmente inválida la reciente reforma que establece la elección popular de jueces, medida promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta acción judicial podría desencadenar una crisis institucional en el país, ya que la presidenta ha afirmado que la votación es inapelable y seguirá adelante.
El conflicto marca un inédito enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial. La reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por el Congreso, convirtió a México en el primer país en elegir a todos sus jueces mediante voto ciudadano, un cambio que ha sido cuestionado tanto en el ámbito nacional como internacional. Canadá y Estados Unidos, socios de México en el T-MEC, han expresado su preocupación sobre los efectos de esta medida en la independencia judicial, advirtiendo de los posibles riesgos de interferencia y amenazas del crimen organizado en el proceso.
Este martes, la Suprema Corte debatirá un proyecto del ministro Juan Luis González que propone mantener la elección popular para los magistrados de la Corte Suprema, pero anularla para los jueces de tribunales inferiores, con el argumento de que la carrera judicial garantiza la independencia en los tribunales de menor jerarquía. Sin embargo, Sheinbaum ha reiterado que no habrá “nada que negociar” respecto a la reforma aprobada por el Congreso de amplia mayoría oficialista.
Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, expresó que la democracia mexicana enfrenta “amenazas sin precedentes” debido a esta reforma. Por su parte, Sheinbaum ha insistido en que los ministros de la Corte no tienen facultades para invalidar un cambio constitucional aprobado por el pueblo y ha señalado que los procesos de elección popular de jueces se mantendrán en 2025 y 2027.
La controversia también ha generado preocupaciones económicas. Expertos consideran que un choque institucional podría tener repercusiones negativas en el clima de negocios y la seguridad jurídica en México, lo que podría influir en la inversión extranjera y en la próxima revisión del T-MEC en 2026. Según Kimberley Sperrfechter, economista de Capital Economics, el conflicto añade incertidumbre en la relación comercial México-Estados Unidos, un aspecto clave para la economía mexicana en momentos en que espera beneficiarse de la relocalización de empresas en la frontera norte.
Con la creciente tensión entre la presidencia y el poder judicial, la nación enfrenta el desafío de conciliar el impulso de reformas con la necesidad de preservar la estabilidad institucional y la independencia de los poderes.
