El gobierno del estado de Puebla concluyó ya la investigación por el caso de los 600 millones de pesos de presupuesto público invertidos en el banco Accendo en 2021, y confirmó que los funcionarios involucrados incurrieron en desvío de recursos y encubrimiento.
Así lo expuso este martes el secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, quien indicó que la revisión del caso llegó a su fin con el dictamen que presentó un especialista a la administración estatal.
“¿Cuál es el paso que procede?, la autoridad investigadora manda a la autoridad sustanciadora la calificación de las faltas, hay faltas catalogadas como graves, son dos específicamente: desvío de recursos y encubrimiento”, detalló en conferencia de prensa.
Señaló que en base de este dictamen inicia un proceso de responsabilidad administrativa y se llamará entonces a los presuntos responsables para que inicie su defensa.
Aunque no se han detallado los nombres de los involucrados, al frente de la Secretaría de Finanzas estaba María Teresa Castro Corro, quien renunció al cargo en junio de 2023.
Dos meses antes, en abril, ella misma reveló que el gobierno de Puebla tenía en proceso de recuperación 600 millones de pesos que invirtió en el Banco Accendo en junio de 2021, tres meses antes de que quebrara e iniciara un proceso de liquidación que aún no termina.
Argumentó que el estado de Puebla contaba con esos recursos que estaban “apasivados y no comprometidos”, por lo que se determinó invertirlos en esa institución, durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
Cuando cerró el banco Accendo, tenía a estados y municipios como clientes.
En noviembre de 2023, la actual secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, confirmó que la dependencia auditaba la gestión de Castro Corro, a fin de ubicar los movimientos de Accendo.
