El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) admitió la demanda interpuesta por la Alcaldía de la ciudad colombiana de Barranquilla (Atlántico) contra Panam Sport por los Juegos Panamericanos.
La acción interpuesta ante esa instancia, con sede en Suiza, “tiene como principal objetivo proteger los recursos públicos que fueron invertidos por la ciudad y que actualmente se encuentran retenidos por Panam Sports“, dice el comunicado emitido por la Alcaldía, que ha sido difundido por la prensa local.
Según el escrito, esta acción legal que emprendió el distrito, “busca arbitraje internacional” con relación al contrato de esa capital colombiana como ciudad sede de los XX Juegos Panamericanos, que pretendían realizarse en Barranquilla, en 2027.
La determinación se tomó tras “un análisis exhaustivo de los hechos y las normas que rigen el acuerdo”, con la finalidad de “proteger los recursos públicos que fueron invertidos” y que “están en manos de Panam Sports debido a una interpretación unilateral de las cláusulas del contrato”.
Los hechos se remontan a febrero de este año, cuando el organizador de la competición continental resolvió finalmente que elegiría entre Lima (Perú) y Asunción (Paraguay) la sede para la XX edición de los Juegos Panamericanos, a realizarse en 2027. Finalmente, en marzo, la capital peruana fue la escogida.
El problema deriva de que Panam Sports retiró a Barranquilla como sede de la cita deportiva continental por supuestos “incumplimientos” de los pagos que debían hacerse y que no habrían llegado en el plazo estipulado por los organizadores. En 2021, la Alcaldía había pagado 2,2 millones de dólares.
En febrero pasado, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, publicó en sus redes la misiva en la que el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, aseguraba que el contrato había sido “gravemente incumplido” y que, a pesar de las solicitudes, no hubo “respuesta formal”.
Ante estos señalamientos, el jefe de Estado aseveró que su Gobierno estaba dispuesto a pagar lo adeudado, pero denunció el hecho de que los organizadores del evento, “de manera unilateral”, le quitaron la sede a Barranquilla, lo que consideró como “una burla a Colombia”.
