Una comisión de la Cámara de Diputados de México aprobó el dictamen de la reforma judicial promovida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, allanando el camino para su discusión final a principios de septiembre, una vez que asuma el nuevo Congreso de mayoría oficialista.
La controvertida reforma busca, entre otras cosas, que más de 7 mil jueces, magistrados y ministros de la corte suprema sean elegidos mediante el voto popular. La propuesta no sólo ha llevado a miles de trabajadores judiciales a un paro de labores, sino que mantiene en vilo a los mercados y hasta ha generado roces entre México y sus socios comerciales: Estados Unidos y Canadá.
En un intento por enfriar los temores, el oficialismo aprobó el lunes más de 100 rectificaciones a la propuesta presentada por López Obrador en febrero. Sin embargo, analistas concuerdan en que los cambios principales -gradualidad de las elecciones- no modifican la esencia de la iniciativa original.
El dictamen aprobado establece que en junio de 2025 se realizará una elección para reemplazar a los ministros del máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), –que pasarán de 11 a nueve– y a la mitad de los magistrados y jueces de distrito del país. En 2027 se elegirán los cargos restantes.
La sesión sigue adelante con el debate de más de 300 reservas.
Los ministros de la SCJN no elegirán su presidente, como hasta ahora. La presidencia la ocupará quién obtenga más votos y durará dos años, desde los cuatro actuales. Además, se elimina el límite de edad de 35 años y se reduce la experiencia laboral de 10 a cinco años para ser ministro de la SCJN.
También, se elimina la experiencia laboral para optar por el cargo de juez. Entre otros cambios, la reforma propone crear un órgano de administración autónomo, un tribunal disciplinario, una reingeniería profunda de los principales ejes del sistema de justicia y un esquema de justicia cívica y alternativa para despresurizar al sistema penal.
López Obrador argumenta que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque “no está al servicio del pueblo” y “responde a intereses de la delincuencia organizada”. Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia de México el 1 de octubre, ha respaldado la propuesta asegurando que combatirá los elevados niveles de impunidad.
El gremio judicial sostiene que atenta contra sus derechos porque se eliminaría la carrera judicial para acceder a los cargos de juzgadores y abre la posibilidad a que grupos de poder, incluso ilegales, copen el sistema de justicia con la elección popular de jueces.
La propuesta también ha generado preocupación entre inversionistas, quienes aseguran que los cambios debilitarían a uno de los contrapesos del Poder Ejecutivo, dañando el clima de negocios en la segunda mayor economía de América Latina.
El nuevo Congreso –en el que el oficialista Morena y sus aliados tendrán mayoría– inicia sus funciones el domingo. Antes de que Sheinbaum asuma como la primera presidenta en la historia de México, el Legislativo prevé aprobar las primeras reformas de una veintena propuestas por López Obrador.
Entre ellas, figura una que prevé eliminar los organismos autónomos y otra para reformar el árbitro electoral para que sus consejeros sean electos por voto popular y desaparezcan los diputados plurinominales.
