El Consulado General de México en Nueva York respondió en tiempo y forma a la solicitud de asistencia consular presentada el pasado 20 de febrero por la defensa del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, informó el martes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En una breve tarjeta informativa citada por medios de comunicación, la cancillería señaló que la solicitud fue presentada por el abogado del capo, Frank Pérez, y que éste la hizo del conocimiento público.
El abogado de Zambada aseguró el pasado lunes a la agencia Reuters que su cliente está dispuesto a declararse culpable mediante un acuerdo con fiscales de Estados Unidos si éste lo exime de enfrentarse a la pena de muerte.
En septiembre del año pasado, Zambada se declaró inocente ante un tribunal federal de Nueva York de 17 cargos de delitos graves, entre ellos tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas. Actualmente se encuentra en una prisión a la espera de juicio.
“El señor Zambada no quiere ir a juicio y está dispuesto a aceptar la responsabilidad de un cargo que no implica la pena de muerte“, dijo a la agencia Reuters el abogado Frank Pérez.
Zambada, que tiene más de 70 años, fue puesto bajo custodia estadounidense en julio pasado al llegar en un avión a territorio estadounidense, junto con uno de los hijos de Guzmán, Joaquín Guzmán López. “El Mayo” ha señalado que fue secuestrado por Guzmán.
El martes, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que la institución ha pedido cuatro veces a Estados Unidos la extradición del llamado “capo de capos”, sin recibir respuesta, ya que en México Zambada cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes.
La Fiscalía considera que en el traslado de “El Mayo” a Estados Unidos se cometieron una serie de delitos como “secuestro” y el “transporte ilegal de una persona en contra de su voluntad”.
Por su parte, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, aseguró en Aristegui en Vivo que la argumentación de Zambada para pedir la protección consular no surtirá los efectos deseados por éste.
En primer lugar, porque el propio capo reconoció que se informó al consulado en Nueva York sobre su detención, por lo que cualquier deficiencia en la asistencia consular sería atribuible a México. En ese sentido, no podría invocar el caso Avena que sentó un precedente sobre la falta de apoyo consular.
Por otra parte, porque al reconocer que fue “secuestrado” por un particular, como es Joaquín Guzmán López, no entraría en el supuesto previsto en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos, que prohíbe los “secuestros transfronterizos” por parte de autoridades de ese país.
Además de que existen precedentes legales en el vecino país de que cualquier persona en su territorio, independientemente de la manera en la que hubiese llegado, puede ser sujeto de un procesamiento judicial. De ello da cuenta la sentencia del caso de caso Kerr vs. Illinois, que data de 1886.
