Frente a una ola de críticas dentro y fuera de México, se está discutiendo en el Congreso la iniciativa de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone la selección de ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados a través del voto popular, así como la disminución de su duración en el cargo.
Como parte de los principios de la ‘austeridad republicana’, se pretende además poner un alto a los que se consideran “gastos excesivos y onerosos” del Poder Judicial: la iniciativa contempla que los salarios de los integrantes del máximo tribunal constitucional, jueces y magistrados se vinculen al del presidente de la República y reducir sus prestaciones.
Asimismo, se propone que los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, sean también elegidos mediante el voto popular.
Se plantea modificar el diseño y la estructura del Consejo a través de la creación de un tribunal disciplinario judicial que, para poder garantizar su autonomía e independencia, ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte.
Y no solo eso, se plantea modificar el diseño y la estructura del Consejo, a través de la creación de un tribunal disciplinario judicial que, para poder garantizar su autonomía e independencia, ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte, como sucede en la actualidad.
Una reforma crucial
Para el Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’ (4T), conseguir la aprobación de la reforma del Poder Judicial no es una tarea menor. Se trata de hacer realidad finalmente un conjunto de cambios que hasta la fecha han sido rechazados en el Congreso o invalidados por la Corte.
Desde que se presentó en febrero de este año, la iniciativa generó rechazo entre la oposición y miembros del Poder Judicial. Es una reforma constitucional que, bajo la perspectiva de la oposición y no pocas barras de abogados y organizaciones no gubernamentales, pretende socavar la independencia de las autoridades judiciales y, en paralelo, eliminar todos los contrapesos del Gobierno.
Para el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, en cambio, la reforma del Poder Judicial es un asunto clave para conseguir, finalmente, echar abajo los obstáculos para continuar profundizando el proceso de transformación que comenzó en 2018.
Cabe recordar que, en varias ocasiones, la Suprema Corte ha declarado inválidas algunas iniciativas de reforma impulsadas por el partido oficial, al tiempo que jueces han otorgado amparos a favor de particulares inconformes ante decretos presidenciales o cambios a leyes secundarias y la Constitución.
Es una reforma que pone al descubierto dos visiones contrapuestas de proyecto de país: mientras que para la oposición el Gobierno no busca sino una “mayor concentración del poder”, “atropellar el Estado de derecho” y “debilitar la democracia”; para la 4T se trata de “fortalecer el sistema de impartición de justicia” con el objetivo de “colocarlo al servicio del pueblo”.
