La reciente detención de Don Alejandro y su hijo Alexander, músicos callejeros que se presentan regularmente en la calle 5 de Mayo en Puebla, ha generado indignación en redes sociales. En los videos que comenzaron a circular recientemente, se observa a un considerable número de elementos de la policía municipal interviniendo para retirar a los artistas, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el proceder de las autoridades.
El incidente ocurrió el pasado 14 de febrero, aunque las imágenes que evidencian la aprehensión se filtraron días después. Según la versión oficial, la intervención policial se debió a que los músicos mantenían un volumen elevado en su bocina y se negaron a reducirlo.
Anel Nochebuena Escobar, directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp), señaló que se está analizando la situación para esclarecer lo sucedido y determinar una solución. Asimismo, indicó que se verificará si Don Alejandro y su hijo estaban inscritos en el padrón de Artistas Urbanos, herramienta establecida en 2014 para regular y proteger a los creadores que trabajan en el espacio público.
Nochebuena Escobar subrayó que el Imacp se mantiene a favor de los artistas urbanos, siempre que estén registrados en el padrón correspondiente. No obstante, aclaró que la familia de los afectados no ha solicitado apoyo formalmente ante la institución.
Por su parte, Franco Rodríguez, secretario General de Gobierno, declaró que existen acusaciones no confirmadas de que Don Alejandro presuntamente explota y maltrata a su hijo, lo que añade un matiz complejo al caso.
Actualmente, el Imacp cuenta con 186 artistas urbanos registrados, incluidos payasos y miembros de agrupaciones artísticas. Sin embargo, la directora del organismo precisó que la posibilidad de que los músicos afectados regresen a presentarse en la vía pública dependerá de la revisión que realicen junto con la Gerencia del Centro Histórico y la Secretaría General de Gobierno, pues no todas las calles forman parte del polígono autorizado para actividades artísticas.
Este caso ha reavivado el debate sobre la protección de los derechos culturales y la regulación del arte urbano en la ciudad.
