México enfrenta un futuro complejo donde los principales desafíos parecen converger: el crimen organizado, la falta de respuestas eficaces desde el gobierno, y una sociedad cada vez más complaciente con el estado de las cosas. Aunque no hay consenso sobre cuál es la mayor amenaza, los tres problemas se entrelazan y agravan la situación. Las instituciones se han debilitado, las libertades se ven mermadas, especialmente la libertad de expresión, y la oposición política se encuentra en su nivel más bajo. Esta situación, unida a la incapacidad de los factores de poder para contener el abuso, hace que persistan problemas como la impunidad, la desigualdad y la violencia en todas sus formas.
En cuanto al combate al crimen organizado, el cambio de estrategia del gobierno ha sido acertado al poner a un civil a cargo de la coordinación de los esfuerzos. Sin embargo, revertir la situación tomará tiempo y requerirá claridad en los objetivos. Aunque no todo el país se encuentra bajo el control del crimen, la presencia de grupos delictivos en muchas regiones ha dejado a las autoridades impotentes. En algunas zonas, la ausencia de autoridad permite que el crimen se imponga a las instituciones, lo que refleja un problema estructural que ha sido permitido durante años.
Este problema no es reciente, sino que tiene raíces profundas que se remontan a gobiernos previos. La impunidad ha sido el principal factor detrás de la violencia que azota al país. La falta de sanciones efectivas ante crímenes graves ha permitido que los asesinos actúen con total impunidad, lo que ha contribuido a la perpetuación de la violencia. En algunos estados, como Coahuila, Querétaro o Yucatán, la justicia ha logrado sentenciar a los responsables de crímenes, pero estas son excepciones en un contexto de generalizada impunidad.
La relación con el crimen organizado se ve también empañada por la percepción de connivencia entre las autoridades mexicanas y los criminales. Esto se agrava con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien ha denunciado públicamente la complacencia del gobierno mexicano con los carteles de la droga. Este escenario genera un dilema para México, pues cualquier intento de intervención extranjera sería rechazado por la sociedad, complicando aún más la relación bilateral.
El problema estructural en México se ve reflejado también en la falta de una ciudadanía activa. La gran cantidad de votos que respaldaron a Andrés Manuel López Obrador en 2018 y a Claudia Sheinbaum en las elecciones de 2024 subraya un problema de fondo: la falta de opciones políticas viables frente a un sistema político que no representa adecuadamente a la ciudadanía. Esto se ve reflejado en el oportunismo de las élites políticas mexicanas y la debilidad de una oposición que no logra conectar con las preocupaciones sociales. El desgaste de los partidos tradicionales como el PAN, PRI y PRD deja en evidencia la necesidad de una nueva fuerza política que represente una alternativa democrática capaz de cuestionar y frenar el avance de un régimen que ha mostrado tendencias autoritarias.
El futuro de México, por tanto, depende de una reforma política que airee el sistema de partidos y permita la contención de un gobierno que, en su lucha contra el crimen organizado, ha abierto la puerta a nuevos riesgos para la soberanía nacional y la estabilidad interna del país.
