A través de su Tercer Informe Sobre Integridad en el Proceso Electoral 2023-2024, Organizaciones Sociales, Académicos y Sector Empresarial alertaron que es necesario que las autoridades competentes investiguen y sancionen cualquier violación a la normativa electoral, especialmente aquellas que involucren el uso indebido de recursos públicos, la comisión de violencia política o la intervención del crimen organizado en las elecciones.
Y es que luego de analizar el desarrollo de la etapa de intercampañas, comprendida entre el 19 de enero y el 29 de febrero de 2024, los actores integrantes del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) identificaron, entre otras cosas, que a pesar de las múltiples denuncias y sanciones impuestas por las autoridades electorales persiste un involucramiento directo y sistemático del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral.
En este sentido, documentaron que en al menos 30 ocasiones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado que las conductas del presidente violan la normativa electoral vigente, al tiempo que señalaron que el uso de las conferencias matutinas del presidente como plataforma para promover a la candidata oficialista “genera un clima de incertidumbre y desconfianza que afecta la legitimidad y la equidad de las elecciones”.
Otros de los temas de alerta en el que insisten las organizaciones se enfoca en la persistencia de diversos tipos de violencia que ponen en riesgo directo a los actores políticos, pues indicaron que a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades para implementar medidas de protección, la violencia política, social y del crimen ha afectado a actores de todos los partidos y ha cobrado la vida de al menos 24 aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, de acuerdo con Laboratorio Electoral.
“La intervención del crimen organizado en las elecciones locales, particularmente en estados con alta incidencia delictiva, ha alcanzado niveles alarmantes… Es imperativo que las autoridades fortalezcan los mecanismos de prevención, investigación y sanción de la violencia política, y que se establezcan protocolos más efectivos para garantizar la integridad física de quienes participan en el proceso electoral”, subrayaron.
Asimismo, identificaron un uso indebido de los procedimientos especiales sancionadores por parte de actores políticos para silenciar el debate libre en redes sociales y medios de comunicación.
Sobre este tema dijeron que durante el periodo de intercampañas, “hemos observado un aumento en el número de denuncias presentadas por candidatos y partidos en contra de periodistas, líderes de opinión y ciudadanía que expresan críticas o cuestionamientos a través de plataformas digitales”.
Y es que alertaron que bajo el argumento de supuestas violaciones a la normativa electoral o acusaciones de violencia política de género, estos actores han buscado utilizar los mecanismos legales para limitar la libertad de expresión y disuadir la participación en el debate público.
