El período conocido como “Guadalupe Reyes” llegó a su fin, marcando una etapa caracterizada por festividades y gastos significativos. Este ciclo, que abarca desde diciembre hasta principios de enero, es para muchos un reflejo de excesos económicos y consumo desmedido, alentado en parte por estrategias como el “Buen Fin”, instaurado durante administraciones panistas. Aunque esta iniciativa busca reactivar la economía, suele comprometer los ingresos de los ciudadanos, quienes, en muchos casos, se ven atrapados en deudas debido a una falta de planificación financiera.
Con el inicio de 2025, los efectos de las festividades se reflejan en problemas económicos para numerosas familias. La inflación mundial, aunque disimulada en los discursos oficiales, impacta directamente el poder adquisitivo. A pesar de los incrementos al salario mínimo anunciados por el gobierno, muchos consideran insuficientes estas medidas ante el incremento constante en precios de productos, servicios e impuestos, como el predial y el pago de derechos vehiculares.
Además, el costo de combustibles sigue siendo un desafío. En enero de 2015, la gasolina Magna costaba 13.57 pesos por litro; actualmente supera los 25 pesos, lo que representa un incremento sustancial en el gasto de los hogares. Estas alzas, sumadas a las políticas recaudatorias de diferentes administraciones, alimentan la percepción de que las reformas benefician principalmente a los sectores empresariales y a la clase política, dejando a la ciudadanía con escasas alternativas.
La Secretaría del Trabajo argumenta que los aumentos salariales han mejorado condiciones para millones de trabajadores, reduciendo brechas salariales de género y sacando a personas de la pobreza. Sin embargo, el encarecimiento generalizado de productos y servicios contrarresta dichos avances, evidenciando que aún persiste una desigualdad económica difícil de revertir.