Entre enero de 2023 y noviembre de 2024, las escuelas públicas de Puebla reportaron 48 casos de abuso sexual que involucraron a estudiantes de distintos niveles educativos, según informó el secretario de Educación, Jorge Estefan Chidiac, en su reciente informe de labores. Los incidentes resultaron en el despido de 10 maestros, pero la problemática persiste, evidenciando graves deficiencias en la protección de los estudiantes.
Distribución de Casos por Nivel Educativo
Los casos se concentraron principalmente en:
- Bachillerato: 19 denuncias
- Primaria: 16 denuncias
- Secundaria: 8 denuncias
- Preescolar: 5 denuncias
Además, no todos los agresores fueron maestros. Estudiantes y personal administrativo también han sido señalados, como ocurrió en el Centro Escolar Doctor Alfredo Toxqui (Cedat) de San Andrés Cholula y un bachillerato en Hueytamalco.
Casos Notables y Protestas
- En Hueytamalco, tres estudiantes fueron acusados de violación tumultuaria contra un compañero en abril de 2023. Uno de ellos se encuentra internado en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes.
- En el Cedat, un alumno de primaria fue agredido sexualmente por un compañero, lo que desató protestas de padres de familia.
- En las primarias Emiliano Zapata y el Jardín de Niños Leonardo Bravo, padres intentaron linchar a conserjes acusados de acosar a alumnas.
El caso más alarmante ocurrió en la escuela secundaria Blandina Torres de Marín, ubicada en la Reserva Territorial Atlixcáyotl. Allí, seis maestros fueron acusados de ofrecer celulares iPhone y dinero a cambio de relaciones sexuales con alumnas. Una manifestación en septiembre de 2024 derivó en la golpiza a uno de los profesores, quien posteriormente fue detenido por la Fiscalía.
Padres de familia y estudiantes han realizado protestas, cerrado calles y exigido justicia. Sin embargo, el avance en los casos es lento, y muchos denuncian que no todas las agresiones salen a la luz.
Este panorama refleja una crisis de seguridad en los centros educativos de Puebla, subrayando la necesidad de implementar medidas más estrictas de supervisión, protocolos claros para prevenir el abuso y castigos ejemplares para los responsables. La protección de los estudiantes debe ser una prioridad para garantizar un entorno educativo seguro y libre de violencia.
