La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Perú confirmó el martes que la lideresa del partido político Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, no vulneró las reglas de conducta del proceso penal en el que está involucrada, por lo que no procedió a dictar una orden de prisión preventiva en su contra, recogen medios locales.
El fiscal José Domingo Pérez Gómez presentó un recurso de apelación para que se revocara la resolución que el juez Víctor Zúñiga emitió el pasado 12 de junio, en la que declaró infundado el requerimiento fiscal para que se anulara la medida de comparecencia con restricciones y se dictara nuevamente prisión preventiva contra Fujimori.
De acuerdo con Gómez, era necesario que Fujimori recibiera prisión preventiva por viajar el pasado 25 de mayo a California, en EE.UU. sin previa autorización judicial, incumpliendo así la regla de conducta que la obligaba a no ausentarse de su lugar de residencia sin autorización.
Los jueces de la Segunda Sala Penal argumentaron que la regla de conducta para Fujimori y los demás procesados es “la obligación de no ausentarse de la ciudad de su domicilio fijado en el expediente, ni variar el mismo sin previa autorización”. La prohibición de salida del país fue revocada en 2023.
“El viaje de la persona, ya sea al interior o al exterior del país sin el ánimo de permanecer allí, no puede asimilarse a una variación del domicilio, por tanto, en el caso que nos ocupa no advertimos ningún incumplimiento a esta regla de conducta por parte de la procesada”, precisaron.
Los jueces recordaron que Fujimori ya ha cumplido prisión preventiva en dos ocasiones entre 2018 y 2020. Asimismo, remarcaron que la política está asistiendo a las audiencias del juicio y que no es suficiente con especular que no lo seguirá haciendo en el futuro para restringir su libertad, pues no hay pruebas suficientes que sustenten la prisión preventiva.
40 personas, incluida Keiko Fujimori, están siendo investigadas en el llamado caso Cócteles por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción de la justicia, cuyo primer juicio oral se llevó a cabo el pasado primero de julio. La Fiscalía de la Nación solicitó 30 años de cárcel para la política.
