El gobierno federal de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, prepara un plan intersecretarial ante las amenazas de deportaciones masivas por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Esta estrategia busca atender todos los posibles escenarios y proteger a los ciudadanos mexicanos afectados por estas medidas.
El canciller Juan Ramón de la Fuente informó que la administración trabaja en coordinación con diversas dependencias para enfrentar esta posible crisis migratoria. “Estamos analizando todos los escenarios posibles, y en su momento, la presidenta dará a conocer el plan detallado”, afirmó tras una reunión en Palacio Nacional con la mandataria y otros funcionarios.
De la Fuente destacó que la prioridad del gobierno será atender a los ciudadanos mexicanos que pudieran ser repatriados desde Estados Unidos. Sin embargo, no descartó evaluar acciones para personas deportadas de otras nacionalidades en casos específicos.
A la reunión también asistieron funcionarios clave como los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Morales; del Bienestar, Ariadna Montiel, y del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño. Este último será reemplazado por Salomón Céspedes, actual gobernador de Puebla, quien asumirá el cargo en el INM el próximo 5 de diciembre.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum aseguró que México se prepara para recibir a los ciudadanos que pudieran ser deportados. “Es nuestra obligación darle la bienvenida a todas y todos los mexicanos que, por alguna razón, sean retornados desde Estados Unidos”, subrayó.
Por su parte, defensores de derechos humanos y organizaciones en Estados Unidos han rechazado los planes de deportación masiva, advirtiendo de graves repercusiones humanitarias y económicas. Según un informe de la American Immigration Coalition, una acción de este tipo podría provocar pérdidas anuales de entre 1,1 y 1,7 billones de dólares, impactando el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos en hasta un 6,8 %.
El gobierno mexicano continúa afinando detalles de su plan, subrayando su compromiso con la protección y el apoyo a sus ciudadanos, mientras monitorea de cerca las decisiones del próximo gobierno estadounidense.
