A pesar de la detención de 108 asaltantes en los últimos cuatro años en Puebla y municipios cercanos, la mayoría ha regresado a delinquir debido a la falta de sentencias firmes, revelaron datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).
Entre 2021 y octubre de 2024, se registraron 2,856 denuncias de asaltos al transporte público en municipios como Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Amozoc, lo que equivale a un asalto cada ocho horas en promedio. Sin embargo, las cifras muestran que solo uno de cada 26 atracos resulta en la detención de un sospechoso.
Concentración en Puebla Capital
Del total de detenciones, 107 ocurrieron en la ciudad de Puebla, destacando un aumento significativo en los últimos años:
- 2021: 4 detenciones
- 2022: 5 detenciones
- 2023: 31 detenciones
- 2024 (enero a octubre): 67 detenciones
En contraste, municipios como San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Amozoc, y Cuautlancingo reportaron 453 casos de asaltos, pero solo lograron una detención en el mismo periodo.
Casos Virales y Falta de Sentencias
Algunos asaltos se hicieron virales gracias a grabaciones de cámaras de seguridad, como el atraco del 21 de agosto de 2024 a la ruta ocho en Puebla capital. Aunque los responsables fueron identificados, como Iván y Omar, con antecedentes delictivos, no hay constancia de su aprehensión.
De los detenidos en Puebla capital, solo 69 fueron vinculados a proceso, pero ninguno ha recibido sentencia. Esto significa que eventualmente podrían volver a las calles, perpetuando el problema de impunidad.
Preocupación Ciudadana
El incremento de asaltos y la falta de justicia generan inquietud entre los poblanos, especialmente porque rutas como la RUTA ocupan el primer lugar en robos a usuarios. La ausencia de consecuencias legales para los delincuentes evidencia fallas en el sistema judicial que limitan la efectividad de las acciones policiales y fiscales.
La ciudadanía y organizaciones sociales han exigido estrategias integrales que incluyan mejoras en seguridad pública, fortalecimiento del sistema de justicia penal, y programas de prevención del delito para combatir esta problemática que afecta directamente la calidad de vida en la región.
