La Secretaría de Salud de Puebla, a través de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), ha iniciado una investigación contra María del Carmen N., quien presuntamente ha estado ejerciendo como oncóloga pediátrica sin la acreditación correspondiente. La denunciante, que trabaja en una asociación dedicada al apoyo de niños con cáncer, ha generado preocupación entre las familias beneficiarias.
De acuerdo con el Registro Nacional de Profesiones, María del Carmen N. posee únicamente una cédula profesional como médico cirujano, expedida en 2008 por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, no cuenta con la especialización necesaria en oncología pediátrica, lo que la convierte en un caso de ejercicio ilegal de la profesión en esta rama médica.
La investigación comenzó después de que se difundiera una receta médica firmada por María del Carmen N. en redes sociales, lo que alertó a las autoridades. La Secretaría de Salud está recabando información y evaluando si la profesional tiene la formación adecuada para llevar a cabo tratamientos especializados en oncología pediátrica.
La fiscalía de Puebla, encabezada por el fiscal general Gilberto Higuera Bernal, destacó la gravedad del caso y la necesidad de actuar con rapidez. “Qué terrible sería que se estén aplicando tratamientos sin la formación adecuada”, comentó Higuera Bernal. Además, indicó que la investigación sigue su curso y que, en cuanto se obtengan resultados, se procederá con las acciones legales pertinentes.
El caso guarda similitudes con el de Marilyn N., una mujer detenida en 2023 por ejercer ilegalmente como psiquiatra, lo que resalta la importancia de verificar las credenciales profesionales en el ámbito de la salud. Marilyn N. enfrenta múltiples denuncias por usurpación de profesión y otras irregularidades, lo que pone de relieve la gravedad de la falsificación de credenciales y el ejercicio sin la formación adecuada.
María del Carmen N. deberá presentar pruebas que demuestren su formación académica y profesional, mientras que la Fiscalía de Investigación Metropolitana analiza si corresponde tomar acciones legales en su contra. La sociedad espera que este caso se esclarezca rápidamente para garantizar que los tratamientos de salud sean realizados por profesionales debidamente capacitados.
