El magistrado Jorge Gamboa Olea afirmó que sigue siendo el presidente legítimo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos y anunció que interpondrá acciones legales contra el procedimiento que designó a Juan Gabriel Vargas como nuevo titular del Poder Judicial, al considerar que no cumplió con los requisitos legales.
En conferencia de prensa, acompañado de siete magistradas y magistrados que respaldan su postura, Gamboa Olea señaló que la sesión extraordinaria en la que se votó por Vargas no alcanzó el quórum necesario, ya que solo contó con la presencia de 10 magistrados, cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial establece un mínimo de 15.
“La ley es clara: las decisiones del Pleno deben tomarse con la mayoría de sus integrantes. En este caso, no se cumplió con los requisitos necesarios, lo que convierte este acto en nulo e ilegal”, afirmó.
También indicó que durante la sesión algunos magistrados abandonaron el Pleno, dejando sin validez cualquier votación posterior.
“La sesión terminó cuando ya no había el número suficiente de magistrados para tomar una decisión. Esto no es un capricho, es lo que dicta la ley“, agregó.
Gamboa Olea informó que se presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por una posible coalición de servidores públicos, al considerar que el nombramiento de Vargas responde a intereses externos que afectan la autonomía del Poder Judicial.
“Lo que ocurrió hoy es una intromisión clara en la independencia del Poder Judicial. No vamos a permitir que intereses ajenos se impongan sobre la institucionalidad y la legalidad”, sostuvo.
Asimismo, adelantó que algunas magistradas presentarán denuncias por violaciones a sus derechos de género, derivadas de las irregularidades en el proceso.
“La sesión terminó cuando ya no había el número suficiente de magistrados para tomar una decisión. Esto no es un capricho, es lo que dicta la ley“, agregó.
Gamboa Olea informó que se presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por una posible coalición de servidores públicos, al considerar que el nombramiento de Vargas responde a intereses externos que afectan la autonomía del Poder Judicial.
“Lo que ocurrió hoy es una intromisión clara en la independencia del Poder Judicial. No vamos a permitir que intereses ajenos se impongan sobre la institucionalidad y la legalidad”, sostuvo.
Asimismo, adelantó que algunas magistradas presentarán denuncias por violaciones a sus derechos de género, derivadas de las irregularidades en el proceso.
El magistrado también aseguró que su destitución contraviene una suspensión federal que impide su remoción.
“Ellos pueden alegar que se trata de un acto nuevo, pero el resultado es el mismo: mi destitución. Y eso ya fue suspendido por un juez federal“, señaló.
