La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó este jueves el argumento que había suspendido el desalojo de la comunidad mapuche Lof Paillako, que ocupa tierras en el Parque Nacional Los Alerces desde 2020. La decisión judicial permite ejecutar la orden de expulsión, tras un largo proceso legal que incluyó un recurso en queja elevado por los defensores de la comunidad ante la Corte Suprema, aunque con pocas expectativas de éxito.
El juez federal de Esquel, Guido Otranto, había postergado el desalojo utilizando argumentos que ahora fueron refutados por los jueces de Cámara, Aldo Suárez y Javier Leal de Ibarra. Representantes de la Administración de Parques Nacionales celebraron la resolución, señalando que las condiciones están dadas para restituir las tierras al Estado.
La comunidad Lof Paillako, liderada por Ernesto Cruz Cárdenas, ingresó al territorio en noviembre de 2020 de manera violenta, según consta en el expediente judicial. Desde entonces, han construido galpones y viviendas en áreas protegidas como El Maitenal, la ex población Felidor Salinas y el valle del Arroyo Cascada. Parques Nacionales los responsabiliza, además, por incendios forestales recientes, aunque Cárdenas niega estas acusaciones, calificándolas de infundadas.
La comunidad ha invocado la Ley 26.160, que protege a pueblos indígenas de desalojos, pero esta norma no ampara ocupaciones mediante actos violentos. A pesar de ello, los integrantes de Lof Paillako insisten en su derecho a permanecer en el territorio.
El proceso legal comenzó con un trámite administrativo que otorgó 30 días para desalojar el área. Ante el incumplimiento, se inició un litigio que culminó con la sentencia firme de desalojo. Sin embargo, los notificaciones judiciales no lograron contacto directo con los ocupantes, quienes mostraron una actitud hostil y evasiva.
El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, ha mantenido una postura firme respecto a la restitución de las tierras. Su declaración pública “Cruz Cárdenas, afuera” generó acusaciones de racismo por parte de los mapuches, elevando aún más las tensiones en el conflicto.
Mientras la comunidad busca convocar apoyo para resistir el desalojo, el proceso judicial avanza hacia su ejecución. Parques Nacionales asegura que la restitución es necesaria para preservar las áreas protegidas y garantizar el cumplimiento de la ley. El desenlace podría marcar un precedente en los conflictos de tierras que involucran a comunidades indígenas en Argentina.
