Ante el reciente hallazgo de restos humanos, por parte de personas buscadoras, en un predio custodiado por el Estado hace seis meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a México a redoblar sus esfuerzos en la investigación de los hechos, el castigo a los responsables y la identificación de las víctimas. Al tiempo que valora las medidas anunciadas por la Presidenta de la República, la CIDH reconoce la importante labor que realizan las personas buscadoras.
La Comisión Interamericana viene dando seguimiento a los mencionados hallazgos en el predio denominado “Rancho Izaguirre”, que se encuentra bajo custodia del Estado desde septiembre de 2024. En dicha ocasión, el Estado había detenido a 10 personas, rescatado a dos víctimas privadas de libertad, recuperado un cadáver e incautado armas, instrumentos tácticos y vehículos.
Sin embargo, seis meses después, el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” anunció públicamente que halló en el mismo lugar fosas clandestinas, restos óseos calcinados y enseres de uso doméstico, que sugieren que el rancho habría sido utilizado para actividades criminales como centro de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas, tal como informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Según la información aportada por las organizaciones a medios públicos, el hallazgo además expone la deficiente búsqueda llevada adelante por el Estado. Ello pues, a pesar de haberse asegurado el predio por las autoridades en septiembre de 2024, y haberse realizado trabajos con maquinarias y binomios caninos, fue la labor del grupo buscador la que encontró las fosas clandestinas de manera reciente. Al respecto, el Estado señaló que serán las investigaciones judiciales, con apoyo en la ciencia criminal, las que determinarán el origen del material recabado y el uso que tenía el Rancho Izaguirre.
Para la Comisión Interamericana es importante destacar que, si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos.
Por otra parte, la CIDH advierte que, tras el hallazgo, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha recuperado más objetos del Rancho Izaguirre, incluyendo casquillos de municiones, ropa, zapatos, documentos de identidad, relojes, manuscritos, tanto de hombres como de mujeres. Tanto las denuncias sobre reclutamiento forzado, entrenamiento, trabajo forzado y desaparición de personas —entre otros crímenes— como el tipo de objetos encontrados reflejan la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana. Es alarmante que lugares de esta naturaleza hayan podido operar por períodos de tiempo prolongados sin intervención de las autoridades. Por su parte, el Estado refirió que cualquier hipótesis de investigación solo podrá ser formulada con base en la evidencia resguardada en la carpeta de investigación.
El Estado mexicano debe investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación. La Comisión toma nota de la ejecución de dos órdenes de aprehensión sobre dos personas vinculadas estrechamente con el Rancho Izaguirre; y resalta que las familias tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de sus seres queridos, en tanto que la sociedad mexicana tiene el derecho de conocer la verdad sobre lo ocurrido en dicho lugar. En particular, tal como la CIDH ha sostenido en reiteradas oportunidades, en situaciones de vulneraciones a los derechos humanos cometidas en contextos de crimen organizado, se deben aplicar los tipos penales adecuados e investigar toda posible participación directa o indirecta de agentes estatales, incluyendo posibles omisiones.
