La reciente prohibición de los vapeadores en México, oficializada a través del Diario Oficial de la Federación, ha generado un intenso debate en torno a sus posibles consecuencias sociales y económicas. Alonso Tamez, analista parlamentario, expresó a Azteca Noticias su preocupación de que esta medida podría favorecer a actores del crimen organizado y fomentar la corrupción en las fuerzas policiales.
Tamez alertó que la prohibición no eliminará el consumo de vapeadores, sino que lo llevará a la clandestinidad, lo que pondría en manos del crimen organizado el control de la distribución de estos productos. Según el analista, esto representaría un regalo para las organizaciones criminales, al eliminar competidores y otorgarles una industria valorada en 5,000 millones de pesos anuales.
El analista también destacó que las sanciones previstas en la nueva legislación, que incluyen multas de hasta 180,000 pesos y prisión, podrían ser utilizadas por policías corruptos como una oportunidad para extorsionar a consumidores y negocios. Tamez advirtió que los policías podrían aprovechar la situación para exigir sobornos, generando un incremento en la corrupción.
El gobierno mexicano tiene 180 días para desarrollar leyes secundarias que definan cómo se implementará la prohibición. Sin embargo, Tamez se mostró escéptico respecto a los resultados, sugiriendo que esta medida podría terminar siendo difícil de aplicar a gran escala, lo que convertiría la iniciativa en un acto de demagogia sin un impacto real.
Tamez concluyó que las autoridades probablemente enfrentarán dificultades administrativas para hacer cumplir la prohibición, y cuestionó si llenar las cárceles con personas acusadas de vapear es realmente una prioridad en términos de seguridad pública.
