Una investigación del periódico GRADA, en conjunto con el Consorcio para el Fortalecimiento del Periodismo Independiente en América Latina (CAPIR), expone un enigma financiero en la gestión de recursos destinados a infraestructura deportiva en Puebla. Entre 2009 y 2017, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) asignó más de 627 millones de pesos a este rubro en el estado, sin que la inversión se refleje en obras visibles en múltiples municipios ni en una mejora del rendimiento deportivo de Puebla en competencias nacionales.
El flujo de recursos comenzó durante el gobierno priista de Mario Marín Torres y se intensificó en la administración del panista Rafael Moreno Valle. En total, Puebla recibió 675 millones de pesos mediante convenios de coordinación con CONADE, de los cuales 627 millones se etiquetaron para proyectos de “Obra Pública” en 47 municipios, incluyendo varios con menos de 10 mil habitantes, donde no se observan instalaciones deportivas.
Pese a los recursos significativos, el rendimiento deportivo de Puebla se mantuvo sin progresos relevantes. Durante las Olimpiadas Nacionales, la delegación poblana no logró superar su mejor posición obtenida en 2001, cuando ocupó el undécimo lugar. Incluso en 2016, tras una inversión de 121 millones de pesos, Puebla cayó al puesto 22 en el medallero nacional.
A esta situación se suma la falta de transparencia. El Instituto Poblano del Deporte (INPODE) informó no contar con archivos sobre la aplicación de recursos de 2009 a 2017, ya que fue fundado en 2019. Sin embargo, entregó un documento sobre un convenio de 2010 entre la CONADE, el Gobierno de Puebla y algunos municipios.
El actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reconoció el 20 de agosto de 2024 una deuda pendiente de 12 millones de pesos con la CONADE, derivada del sexenio de Marín Torres. Aunque Céspedes no especificó las causas exactas de la deuda, prometió saldarla antes de finalizar su administración.
Este enigma de inversiones deportivas plantea preguntas sobre la gestión de recursos en administraciones pasadas, resaltando la necesidad de transparencia en el uso de fondos públicos para evitar que convenios millonarios queden sin resultados tangibles.
