Más de mil organizaciones, colectivos de la sociedad civil y personas, han firmado un posicionamiento conjunto en el que expresan su preocupación por la reciente aprobación de una reforma judicial por parte de la Cámara de Diputados y exigen a las y los senadores detenerla.
Según expresan en el comunicado, esta reforma representa un riesgo significativo para la independencia judicial y el equilibrio de poderes en México, aspectos fundamentales en cualquier sistema democrático.
Entre los colectivos están: Fundación para la Justicia, México Evalúa, Es por México, Observatorio Legislativo, Artículo 19, Asociación de Abogados CDMX, varios colectivos de madres buscadoras, red de apoyo de personas de la comunidad LGBT+ y múltiples colegios de abogados.
Los autores del posicionamientos han señalado que, aunque la justicia en México requiere una reforma, “éste debe garantizar la imparcialidad de las personas juzgadoras,” algo que consideran en peligro con la iniciativa actual.
Según el comunicado, la reforma judicial recientemente aprobada supedita la designación de jueces y magistrados a un mecanismo de votación previa selección por los Poderes de la Unión, lo cual, según las organizaciones firmantes, desestima la idoneidad y formación profesional de los candidatos.
“Se abren las puertas para que sea más fácil que llegue a ser magistrado, magistrada, juez o jueza el amigo de un político que una persona que se ha formado con años de experiencia en la impartición de justicia,” alertaron.
Además, los colectivos destacaron que el diseño de la reforma y las causales previstas para investigar y sancionar a operadores de justicia a través del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial podrían comprometer la independencia de los jueces, al someterlos a presiones indebidas. En lugar de fortalecer el sistema judicial, consideran que esta reforma podría debilitarlo, afectando negativamente la impartición de justicia en el país.
Los autores también enfatizaron la importancia de no excluir a las fiscalías de una reforma judicial real, señalando que “las fiscalías son las primeras responsables de investigar los delitos y reunir las evidencias necesarias para sostener un juicio.”
Además, expresaron su preocupación por las limitantes que esta reforma podría imponer al juicio de amparo, una herramienta esencial para la protección de los derechos en México.
Por último, el comunicado reconoce el papel fundamental que estudiantes y ciudadanía en general están jugando al manifestarse en favor de una correcta división de poderes y un sistema de justicia verdaderamente independiente.
