El Plan México, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca posicionar al país entre las diez economías más grandes del mundo mediante la atracción de 2,000 proyectos de inversión que sumen $227 mil millones de dólares. La estrategia se apoya en el nearshoring, la ciencia, el turismo y la innovación, pero enfrenta retos significativos debido a señales contradictorias enviadas por el propio gobierno.
En el actual contexto geopolítico, marcado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, México tiene la oportunidad de consolidarse como destino preferente para las cadenas de suministro globales. Sin embargo, expertos como Alejandro Werner, del Georgetown Americas Institute, advierten que los problemas internos, como reformas que debilitan el Estado de Derecho, podrían minar la confianza de los inversionistas.
Mientras el Plan México incentiva la inversión privada, las recientes reformas políticas, como los cambios en el Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos, generan incertidumbre. Estas acciones incrementan el riesgo percibido por las empresas, especialmente en sectores estratégicos como el energético, donde Pemex y la CFE enfrentan deudas millonarias con proveedores.
¿Es viable alcanzar los $227 mil millones?
Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, subrayó la importancia de pensar en grande y confiar en el potencial del país. Sin embargo, la inversión privada depende de garantías como certeza jurídica, transparencia y competencia económica, principios que se ven debilitados por las reformas recientes.
El éxito del Plan México dependerá de la capacidad del gobierno para alinear su discurso con sus acciones y reconstruir la confianza institucional. Si bien el plan es ambicioso y necesario, el entorno actual plantea dudas sobre su viabilidad. El país enfrenta una oportunidad histórica, pero el tiempo para rectificar el rumbo es limitado.
