Desde 1928, las trabajadoras sexuales de Puebla capital carecen de un marco legal o políticas públicas que respalden su actividad. A pesar de los cambios partidistas en el gobierno, ninguna administración ha implementado programas efectivos que garanticen su bienestar, según lo revela la tesis de Isaac Marín, académico de la BUAP.
Actualmente, unas 2,000 mujeres ejercen esta labor en la ciudad, 400 de ellas en el Centro Histórico, sin regulación ni protección frente a abusos. La última medida regulatoria fue derogada hace casi un siglo, dejando a este sector en una situación de vulnerabilidad.
En los últimos años, iniciativas como las alternativas laborales propuestas por Eduardo Rivera Pérez y el programa de “pulseras rosas” de Claudia Rivera Vivanco no han logrado un impacto significativo. Incluso se denunciaron extorsiones policiales en administraciones previas, agravando su precariedad.
El secretario de Gobernación, Francisco Rodríguez, recientemente descartó una propuesta para reubicar la actividad en hoteles del Centro Histórico y aseguró que se están evaluando alternativas. Sin embargo, a la fecha, no existe un proyecto concreto para atender las demandas de este grupo.
La falta de regulación y apoyo institucional perpetúa la marginación de las trabajadoras sexuales en Puebla, evidenciando una deuda histórica de las autoridades hacia este sector.
