Decenas de recolectores de basura en Chimalhuacán bloquearon los carriles de acceso y el puente que comunica con Nezahualcóyotl en protesta por las extorsiones del crimen organizado, que les exige una cuota de 50 mil pesos semanales para permitirles trabajar. Los manifestantes se reunieron desde temprano en la línea divisoria entre ambos municipios y descargaron tres toneladas de basura, impidiendo el paso de automovilistas, transportistas y el Mexibús de la Línea 3.
La situación provocó un caos masivo, afectando a miles de personas que diariamente circulan hacia Nezahualcóyotl o la Ciudad de México, quienes tuvieron que caminar varios kilómetros para encontrar transporte alternativo. Cientos de vehículos quedaron varados en la Av. Las Torres y la Av. Del Peñón, obligando a los conductores a regresar a vialidades que los condujeran a la carretera federal México-Texcoco.
El líder de los recolectores, Jorge Salas, denunció que grupos armados en motocicletas intentan extorsionarlos desde hace semanas, exigiéndoles 50 mil pesos para dejarlos trabajar. A pesar del peligro de muerte que enfrentan, ninguna autoridad, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ni la alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores, han intervenido para brindarles apoyo.
Trabajadores entrevistados revelaron que sujetos desconocidos en motocicletas llegaron al lugar donde guardan sus vehículos y les exigieron pagar la cuota semanal bajo amenaza de quemar sus unidades o incluso matarlos. Por la mañana, los recolectores acudieron al ayuntamiento en busca de apoyo, pero la alcaldesa mostró apatía, argumentando que la seguridad de estos trabajadores corresponde al gobierno del estado.
Tras cuatro horas de bloqueo, los recolectores decidieron reabrir los carriles del Mexibús y el puente de acceso. Una comisión de afectados se reunió con funcionarios de la Fiscalía de Justicia para exponer el problema y buscar una solución conjunta.
La protesta de los recolectores de basura en Chimalhuacán pone de manifiesto la grave problemática de extorsión que enfrentan a manos del crimen organizado. La falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades locales y estatales subraya la urgente necesidad de medidas de seguridad efectivas para proteger a estos trabajadores. La reunión con la Fiscalía de Justicia representa un paso inicial para abordar la situación, pero es crucial que se implementen acciones concretas para garantizar la seguridad y el derecho al trabajo de los recolectores.
