El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 contempla un recorte del 42% para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), lo que pone en riesgo la protección de ecosistemas clave en México, advirtió Gina Ileana Chacón, coordinadora del informe de la coalición Nossa México, en entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias.
Chacón señaló que esta reducción presupuestal no es un fenómeno reciente, ya que durante los últimos tres sexenios se ha mantenido una tendencia de disminución constante en los recursos destinados a la conservación ambiental. “El estado mexicano no prioriza el cuidado de nuestro entorno, y estamos en riesgo ante una crisis climática mundial. ¿Cuántos eventos más como el huracán Otis necesitamos para reaccionar?”, cuestionó.
El impacto de este recorte es evidente en la gestión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), donde se requieren programas de manejo adecuados para garantizar su preservación. Ejemplos como el santuario de las ballenas grises, que recibe apenas 239 mil pesos para la protección de dos millones de hectáreas, reflejan la insuficiencia de recursos. “Es una cantidad ridícula de dinero para un sitio que es patrimonio de la humanidad”, enfatizó la especialista.
El recorte no solo afecta la vigilancia y protección de las ANP, sino también la disponibilidad de personal y equipamiento. Guardaparques y voluntarios operan en condiciones precarias, con falta de gasolina, vehículos adecuados, y equipos para monitorear terrenos irregulares o zonas marítimas.
Asimismo, Chacón destacó la falta de presupuesto asignado a nuevas ANP, como el Área Natural Protegida Jaguar en Quintana Roo, decretada en 2022 para proteger terrenos cercanos al Tren Maya.
La especialista hizo un llamado a las autoridades para revertir esta tendencia alarmante y garantizar transparencia en el uso de los recursos destinados al medio ambiente. “Sin estos recursos, estamos condenando a nuestras áreas naturales protegidas al abandono”, concluyó Chacón.
Este panorama evidencia la necesidad urgente de priorizar la protección ambiental en las decisiones presupuestales, especialmente en un contexto de crisis climática global.
