El Senado de la República aprobó una reforma al artículo 42 de la Ley del Infonavit, desatando una fuerte reacción de organismos sindicales que denuncian una alteración al principio tripartito que ha caracterizado históricamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La reforma reduce el número de integrantes de la Asamblea General de 45 a 30 miembros, manteniendo una representación igualitaria entre el gobierno federal, sindicatos y sector privado. Sin embargo, los cambios más controversiales se centran en los comités internos, donde el gobierno obtendrá una mayoría significativa:
- Comité de Vigilancia: La representación gubernamental pasa de tres a cinco integrantes, dejando dos para cada uno de los sectores restantes.
- Comité de Auditoría: Aumenta de tres a cinco miembros, con tres representantes del gobierno y uno por sector obrero y privado.
- Comité de Transparencia: Se amplía de tres a cinco integrantes, asignando tres al gobierno y uno a los otros sectores.
Estas modificaciones han alarmado a los sindicatos, que consideran que permiten al gobierno federal tomar decisiones unilaterales, vulnerando el modelo de gobernanza compartida que ha garantizado transparencia y eficiencia en el uso de recursos provenientes de las cuotas obrero-patronales.
Organismos como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el Congreso del Trabajo (CT), la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) han expresado su rechazo a las reformas. En un comunicado conjunto, señalaron que la nueva distribución de poderes podría debilitar los mecanismos de vigilancia y control, afectando negativamente la percepción de las calificadoras y poniendo en riesgo los ahorros de los trabajadores.
Los sindicatos también criticaron otra reforma reciente que permite al Infonavit construir vivienda social mediante la creación de una empresa dedicada a este fin, calificándola como un acto unilateral que no fue discutido previamente con los sectores involucrados.
El gobierno federal defiende la reforma como un mecanismo para fortalecer la eficiencia del Infonavit, argumentando que los cambios son necesarios para modernizar la institución y responder a las necesidades de los trabajadores.
La reforma plantea un desafío para el equilibrio entre los sectores público, privado y sindical en instituciones clave. Mientras los sindicatos exigen la preservación del principio tripartito, el gobierno enfrenta la tarea de construir un consenso que permita implementar estas modificaciones sin afectar la confianza ni la gobernabilidad del Instituto.
El camino hacia un acuerdo será complejo, con negociaciones intensas y protestas sindicales que ya comienzan a surgir como respuesta a los cambios aprobados.
