La reciente reforma al artículo 107 y la adición de un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha generado un fuerte debate político. Esta modificación busca establecer que las reformas y adiciones a la Constitución no puedan ser objeto de revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual limitaría el uso de recursos legales como el Juicio de Amparo, la Acción de Inconstitucionalidad y la Controversia Constitucional para impugnar dichas reformas.
Según la iniciativa, encabezada por el coordinador de los senadores de Morena, se pretende que cualquier cambio a la Constitución sea definitivo y no pueda ser revisado o revertido por el Poder Judicial. Esta medida también aplicaría de forma retroactiva, afectando reformas recientes, incluidas las relacionadas con la elección de jueces, magistrados y ministros.
Para los legisladores de Morena, esta reforma busca fortalecer la autonomía del poder legislativo y otorgar mayor certeza a las decisiones de las mayorías en el Congreso de la Unión. No obstante, legisladores de oposición, especialmente del Partido Acción Nacional (PAN), consideran que esta medida podría limitar los contrapesos institucionales y representar una amenaza para la separación de poderes y el estado de derecho.
El Senado de la República presenció un intercambio de opiniones entre representantes de diferentes partidos, quienes discutieron la validez y el impacto de esta reforma en el sistema legal y democrático del país. La senadora de Chihuahua expresó su respaldo, mientras que el senador Ricardo Anaya destacó posibles riesgos en la limitación de los recursos de defensa constitucionales.
Dado el impacto de la reforma, se espera que en los próximos días la Cámara de Diputados someta a análisis la propuesta, con énfasis en su adecuación a los principios de constitucionalidad y en el cumplimiento de tratados internacionales ratificados por México.
