Puebla, Pue. – La audiencia para determinar la vinculación a proceso de Marilyn Cote, acusada de amenazas, fue nuevamente pospuesta en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula. La suspensión se dio luego de que la imputada, quien se hacía pasar por psiquiatra, presentara somnolencia tras ingerir un medicamento, lo que la dejó incapacitada para declarar.
Al inicio del procedimiento, Cote alegó una crisis de ansiedad y admitió no haber tomado su tratamiento habitual. En respuesta, la jueza ordenó una evaluación médica para garantizar que sus derechos no fueran vulnerados. Sin embargo, cuando la audiencia se reanudó, Cote mostraba signos evidentes de somnolencia. Esto llevó a la jueza a permitir que su abogado interviniera en su lugar y a aplazar la sesión hasta el 30 de enero de 2025.
Las víctimas expresaron su inconformidad ante esta nueva postergación. Argumentaron que, al ingresar al tribunal, Cote no parecía estar en mal estado y señalaron que durante el receso se le administró citalopram, un medicamento que puede causar somnolencia si se toma en horario diurno.
Además, criticaron que, tras el receso, no se les permitió volver a ingresar a la sala de audiencias, lo que incrementó su desconfianza hacia el manejo del caso.
Antecedentes del caso
Las acusaciones contra Cote incluyen amenazas con un arma de fuego hacia vecinos de su fraccionamiento, hechos que, según testigos, ocurrieron durante una fiesta. Las víctimas relataron que la acusada se presentaba como una doctora influyente con licencia para portar armas, lo que generó temor en la comunidad.
Una de las víctimas recordó: “Nos mandaba mensajes amenazantes y tenía a todo el fraccionamiento asustado. Decía que era muy poderosa y famosa.”
Cuestionamientos al proceso judicial
La falta de claridad en la gestión del caso y los constantes aplazamientos han generado críticas hacia el sistema judicial. Las víctimas temen que Cote esté utilizando su condición de salud como estrategia para evitar su vinculación a proceso.
Este caso subraya la necesidad de equilibrar la garantía de derechos tanto para la acusada como para las víctimas, sin permitir que el proceso se prolongue indefinidamente. La comunidad sigue de cerca el desarrollo del juicio, esperando una resolución pronta y justa.
