El transporte irregular, tanto local como foráneo, ha ganado presencia en Puebla y su zona metropolitana. Decenas de vehículos particulares, desde camionetas tipo van hasta automóviles sedán, operan como transporte de pasajeros sin contar con permisos estatales o federales requeridos por la ley. Estos servicios, ofertados en espacios públicos cercanos a terminales autorizadas, se destacan por tarifas que son hasta un 86% más económicas que las de las líneas formales de autobuses.
Uno de los puntos más visibles de esta actividad es el estacionamiento de un centro comercial próximo a la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), donde unidades con matrículas particulares ofrecen viajes a destinos como Teziutlán, Oaxaca y Atlixco. Las tarifas bajas, la rapidez en las salidas y la falta de supervisión por parte de las autoridades han incentivado la preferencia por estos servicios entre estudiantes, familias y trabajadores.
Sin embargo, estos viajes conllevan riesgos importantes: no proporcionan boletos ni garantías legales, como seguros de viajero. Las unidades tampoco cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Transporte del Estado de Puebla y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que exigen matrículas y permisos específicos, además de condiciones básicas de seguridad y atención a usuarios.
Pese a las advertencias colocadas por empresas de transporte autorizadas, como la central ORO, los llamados “taxis pirata” y colectivos siguen operando en paraderos improvisados en lugares como San Andrés Cholula y Vía Atlixcáyotl. Mientras las autoridades estatales y federales permanecen en silencio, la proliferación de este transporte irregular pone en evidencia la necesidad de reforzar la regulación para proteger la seguridad de los usuarios y garantizar la competencia justa en el sector.
