Durante un evento de campaña en Carolina del Norte, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que, de resultar electo, impondría un arancel del 25% a México si el gobierno de Claudia Sheinbaum no toma medidas contundentes para frenar la inmigración irregular y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Trump argumenta que esta medida sería uno de sus primeros actos en la Casa Blanca, con el objetivo de “recuperar el control” sobre la inmigración y fomentar la reindustrialización de su país.
Esta propuesta de aranceles ha generado un amplio debate político y mediático, y se enmarca en una relación económica estrechamente entrelazada entre ambas naciones. En 2023, el comercio bilateral superó los 780 mil millones de dólares, consolidando a México como el segundo mayor socio comercial de EE. UU. después de Canadá. Analistas advierten que un arancel de esta magnitud podría encarecer significativamente los productos mexicanos en el mercado estadounidense, afectando sectores clave como el automotriz, agrícola y manufacturero. Esto, a su vez, se reflejaría en mayores costos para los consumidores estadounidenses y podría comprometer la competitividad de pequeñas y medianas empresas dependientes de suministros mexicanos.
Trump ya utilizó medidas de presión económica contra México durante su mandato anterior, aunque nunca alcanzó un arancel tan alto como el 25% ahora propuesto. Según el candidato, este enfoque no solo incentivaría al gobierno mexicano a intensificar la seguridad fronteriza, sino que también impulsaría el empleo en Estados Unidos mediante la reactivación de la industria local. Sin embargo, la propuesta enfrenta tanto críticas como apoyo, al tiempo que expertos subrayan los posibles costos para ambos países en una economía profundamente interconectada.
